Política
JEP advierte: cerrar el tribunal causaría un enorme perjuicio al país
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se enfrenta a una amenaza inminente. La propuesta del Gobierno de cerrar este tribunal ha generado un fuerte rechazo y podría tener graves consecuencias para Colombia.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ha emitido un claro mensaje respecto a la intención del Gobierno de cerrar este tribunal. Roberto Carlos Vidal, presidente de la JEP, ha señalado que tal acción “causaría un enorme perjuicio al país”. La preocupación se centra en los derechos de las víctimas y en las implicaciones que podría tener ante la Corte Penal Internacional.
La propuesta del consejero comisionado de paz, Otty Patiño, de establecer un “tribunal de cierre” ha sido recibida con alarma. Desde la JEP, se ha enfatizado que cualquier cierre prematuro comprometería la regularización de la situación judicial de los comparecientes, incluidos aquellos que pertenecieron a las extintas Farc-EP y los miembros de la Fuerza Pública.
Se ha recordado que la creación de la JEP fue parte del Acuerdo de Paz de 2016, con el objetivo de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves del conflicto armado. “El correcto financiamiento de la JEP garantiza el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, afirmó Vidal en una reciente rueda de prensa.
Además, se ha advertido que el cierre de la JEP podría llevar a la Corte Penal Internacional a tomar acciones contra el Estado colombiano. “Cualquier decisión que apunte a cerrar la JEP antes de tiempo puede ser vista como un incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia internacional”, agregó el magistrado. Este escenario podría resultar en sanciones para Colombia y en la reactivación de investigaciones sobre crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La iniciativa de Patiño ha suscitado también el rechazo de diversas corporaciones, como Excelencia a la Justicia, que han calificado la propuesta como una “ruptura de la Constitución”. Este contexto resalta la necesidad de respetar la separación de poderes y de garantizar que la JEP pueda cumplir su misión.
En resumen, la JEP ha manifestado su firme oposición al cierre del tribunal. La defensa de los derechos de las víctimas y el cumplimiento de los compromisos internacionales son fundamentales para la estabilidad y el futuro de Colombia.
