País
Colombia suspendida por el grupo Egmont: ¿una sombra sobre la lucha contra el lavado de activos?
La reciente suspensión de Colombia por el grupo Egmont ha generado inquietud en el ámbito internacional. La filtración del presidente Petro sobre el software Pegasus ha dejado al país aislado en la cooperación contra la corrupción.
El Grupo Egmont de inteligencia financiera global ha tomado una decisión impactante: la suspensión oficial de Colombia del acceso al canal seguro del grupo. Esta medida se deriva de la filtración realizada por el presidente Gustavo Petro sobre el software de espionaje Pegasus, lo que deja al país en una situación crítica en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos.
La suspensión provisional se aplica al canal cerrado del grupo Egmont, un mecanismo crucial que permite a 177 países compartir información sobre delitos financieros. Colombia, que había estado colaborando con Egmont durante años, ahora enfrenta serias restricciones. La falta de acceso a información vital sobre transacciones financieras de grupos armados y narcotraficantes podría convertir al país en un potencial paraíso de lavado de dinero.
El comunicado oficial del grupo señala que la decisión fue tomada debido a la “publicación desautorizada de un documento”. Esto significa que la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia (UIAF) queda excluida de este sistema de intercambio de información. Este hecho representa un retroceso significativo en las políticas que habían fortalecido la reputación del país ante agencias internacionales.
Una fuente cercana a la situación ha indicado que ningún país votó a favor de Colombia en esta decisión. Este aislamiento internacional impacta negativamente en los esfuerzos previos para establecer un marco de cooperación robusto en materia de inteligencia financiera. La reputación de Colombia ante los ojos de la comunidad global ha quedado en entredicho.
La controversia surgió cuando el presidente Petro divulgó un documento de la IMPA, la agencia israelí encargada de la inteligencia financiera, que detalla una transacción de 11 millones de dólares por la compra de Pegasus. Este software, diseñado para la vigilancia de grupos terroristas, ha sido objeto de críticas en otros países por su uso indebido. La denuncia ha dejado en el aire interrogantes sobre la legitimidad de la compra y su impacto en la seguridad nacional.
Tanto NSO Group como la IMPA han optado por no confirmar ni negar la adquisición del software. Sin embargo, se ha señalado que uno de los miembros de Egmont sí envió el documento al Gobierno colombiano, lo que ha alimentado la confusión sobre la veracidad de las acusaciones.
La decisión de Egmont había sido anunciada como provisional hace una semana, pero la confirmación de la suspensión ha generado alarma. La falta de cumplimiento con los estándares requeridos para garantizar la independencia de la UIAF respecto a otras entidades, incluida la propia Presidencia, ha sido citada como la razón principal de esta severa medida.
Colombia se enfrenta, por tanto, a un desafío sin precedentes en su lucha contra el lavado de activos y la corrupción, mientras las consecuencias de la filtración de información siguen desenlazándose.
