País
Racionamiento de energía, nueva preocupación para el Caribe
Una advertencia de la Contraloría encendió las alarmas sobre un posible racionamiento de energía en el Caribe colombiano. Los retrasos en los pagos de subsidios podrían afectar a más de 10 millones de personas en el país.
La Contraloría General de la República ha lanzado una alerta crítica sobre la situación del suministro de energía en Colombia. Según el informe reciente, los retrasos en el pago de subsidios a las empresas prestadoras del servicio eléctrico podrían poner en riesgo la estabilidad del suministro energético, especialmente en el Caribe colombiano y en los departamentos de Nariño, Chocó y Vichada.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez ha instado al Gobierno nacional, así como a los ministerios y superintendencias responsables, a tomar medidas inmediatas para evitar un “riesgo sistémico” que podría tener repercusiones severas a nivel nacional. La Contraloría enfatiza la necesidad de regularizar el giro oportuno de los subsidios para garantizar la continuidad del servicio.
La situación se agrava debido a la “falta de decisión” del Gobierno en relación al reembolso de los recursos no recaudados durante la pandemia, cuando se implementaron tarifas congeladas para aliviar a los hogares colombianos. Además, el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red con el mercado mayorista también contribuye al deterioro de la situación, lo que podría limitar el suministro de energía.
En un contexto donde más de 10 millones de colombianos dependen del suministro eléctrico para diversas actividades, desde la salud hasta la educación y el comercio, la posibilidad de una interrupción o suspensión del servicio es una amenaza grave. La Contraloría advierte que la crisis podría tener efectos devastadores en la comunidad en general.
Asocodis, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ha informado que el saldo pendiente por subsidios asciende a $1.3 billones, y el déficit proyectado para el próximo año podría llegar a $2 billones. Según José Camilo Manzur, director del gremio, la falta de recursos adecuados en el presupuesto del próximo año está causando una grave preocupación. Las empresas pequeñas, que ya enfrentan dificultades financieras, están particularmente afectadas por esta situación.
Expertos en el sector, como el ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta, advierten sobre un “efecto dominó” que podría derivar en un “apagón financiero” con consecuencias impredecibles si no se toman medidas urgentes. Acosta y otros analistas han pedido al ministro Andrés Camacho que actúe con rapidez para garantizar el pago de los subsidios pendientes y para que el presupuesto del 2025 contemple los recursos necesarios para evitar la recurrencia de esta crisis.
La situación es aún más compleja en el Caribe, donde el 80% de los hogares, que suman aproximadamente 2.16 millones, reciben subsidios debido a su estrato socioeconómico. Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe, destaca que el déficit en los subsidios es cubierto en parte por contribuciones de otros estratos y recursos del Presupuesto General de la Nación.
Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, ha expresado su preocupación por un posible apagón que podría desencadenar fallas en sectores esenciales como la salud, la educación y el sistema de acueducto. La comunidad está en alerta, esperando que el Gobierno tome medidas decisivas para evitar un colapso en el suministro de energía que tendría repercusiones devastadoras para las comunidades afectadas.
