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Política

Aprueban reforma a la salud en primer debate: esto se aprobó

La reforma al sistema de salud colombiano avanza, pero las críticas no cesan. A pesar de su aprobación en primer debate, expertos y gremios siguen alertando sobre los posibles riesgos de esta nueva legislación.

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La reforma al sistema de salud en Colombia genera críticas tras su aprobación en primer debate. Expertos y gremios alertan sobre contradicciones y falta de consenso.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes aprobó, en su primer debate, el Proyecto de Ley que propone una reforma integral al sistema de salud colombiano.

A pesar de las múltiples advertencias de expertos, gremios y organizaciones del sector, el proyecto fue respaldado tras un debate de poco más de cuatro horas, en el que se discutieron diversos puntos polémicos.

Uno de los aspectos más criticados de la reforma es que no se modificó el texto original tras las mesas técnicas convocadas por el Gobierno el mes pasado.

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Según Luis Jorge Hernández, profesor de la Universidad de Los Andes, las observaciones presentadas durante estas mesas no fueron consideradas, lo que deja entrever que el proyecto sigue la postura del Ministerio de Salud de estatizar el sistema de salud colombiano.

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC), que representa a cerca de 50.000 médicos y profesionales del Talento Humano en Salud, fue una de las primeras en manifestar su inconformidad.

En su opinión, aunque el Gobierno y algunos congresistas insisten en que la reforma defiende los derechos de los trabajadores de la salud, esta intención no se refleja en las disposiciones aprobadas.

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Por ejemplo, se evidencia una contradicción en el texto aprobado en cuanto a los regímenes de contratación.

Mientras el artículo 45 establece un marco para las instituciones de salud estatales, el artículo 46 crea un régimen especial para los trabajadores de salud en entidades públicas, lo que ha generado confusión entre los expertos del sector. La falta de coherencia en estos puntos plantea serias dudas sobre la viabilidad del proyecto.

Otro de los puntos más controvertidos es la determinación del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que, según el proyecto, sería competencia exclusiva del Ministerio de Salud.

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Este aspecto limita la autonomía de las entidades responsables del aseguramiento en salud y ha sido considerado por muchos como un paso hacia la centralización del sistema, en detrimento de la libre elección de los usuarios y la portabilidad nacional, principios consagrados en la Ley Estatutaria de Salud.

Asimismo, las organizaciones representativas del sector salud, agrupadas en el Grupo de Acuerdos Fundamentales, han manifestado su preocupación por la falta de propuestas alternativas que ayuden a garantizar la sostenibilidad económica del sistema. Si bien el proyecto menciona la necesidad de nuevos recursos, se considera que las medidas propuestas son insuficientes para solventar la actual crisis financiera que enfrenta el sistema de salud.

Durante el debate también se tocó el tema de la infraestructura. A pesar de la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que se presentan como puntos claves para mejorar la accesibilidad a los servicios, persiste la duda sobre si realmente se dispondrá de la infraestructura necesaria para implementarlos a largo plazo.

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La falta de inversión en infraestructura es un problema latente, especialmente si se considera que muchos hospitales aún no cuentan con las condiciones adecuadas para brindar atención.

Por último, la contratación de las Redes Integradas e Integrales de Servicios de Salud ha sido otro de los puntos álgidos de la discusión.

La propuesta contempla centralizar los acuerdos a través de una plataforma del Ministerio de Salud, lo que ha sido visto como un desafío logístico de enormes proporciones, dado que implica la gestión de miles de instituciones de salud, tanto públicas como privadas, y una gran cantidad de prestadores de servicios.

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El texto del proyecto establece la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), con el objetivo de organizar y coordinar los servicios de salud en el territorio.

Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se implementará esta estrategia ha generado escepticismo, especialmente entre los actores del sector que consideran que la administración centralizada de estos servicios no es factible.

La reforma al sistema de salud colombiano ha sido aprobada en primer debate, pero las dudas y críticas persisten. Aunque se reconoce la necesidad de una reforma estructural, el sector salud sigue esperando que se incluyan propuestas que realmente aseguren un sistema más equitativo, sostenible y accesible para todos los colombianos.

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