Política
CNE abre investigación a la campaña del Pacto Histórico
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral ha decidido abrir una investigación a la campaña de la Coalición Pacto Histórico, implicando a figuras clave. La presunta vulneración de las normas de financiación electoral pone en jaque la legitimidad del proceso político.
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión celebrada el 8 de octubre, ha tomado la decisión de abrir una investigación y formular cargos a la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico. Esta investigación involucra a Gustavo Petro, candidato presidencial; Ricardo Roa, gerente de campaña; y otros miembros clave del equipo, por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña electoral.
Se ha señalado que el candidato y sus colaboradores habrían vulnerado el límite de gastos en la campaña de primera vuelta, ascendente a $3.709.361.342. Esta cifra se ha mencionado en relación con las disposiciones del artículo 109 de la Constitución y la Ley 1475 de 2011, así como la Ley 996 de 2005. Entre las irregularidades destacadas se encuentran la omisión de reportes de ingresos y gastos, incluyendo aportes significativos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE) y pagos a testigos electorales.
Adicionalmente, el CNE también ha mencionado el reporte de financiación prohibida. Se ha señalado que, durante la primera vuelta, la campaña habría recibido aportes de entidades que, bajo la legislación vigente, no están autorizadas para financiar campañas electorales. En particular, se han mencionado entidades como FECODE e Ingenial Media S.A.S.
Para la segunda vuelta, los cargos formulados por el Consejo apuntan a una vulneración adicional del límite de gastos, estimado en $1.646.386.773. Las acusaciones incluyen la omisión de reportes relacionados con gastos en eventos electorales y el uso de transporte aéreo, así como otros pagos no reportados.
El movimiento político Colombia Humana y el Partido Político Unión Patriótica (UP) han sido señalados como responsables de la auditoría y la presentación de informes financieros de la campaña. Se ha enfatizado que estos partidos habrían permitido la financiación de la campaña presidencial con fuentes que no cumplen con las normativas legales. El artículo 8 de la Ley 1475 de 2011 es uno de los marcos legales en los que se basan estas acusaciones.
Por su parte, las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez han salvado su voto, lo que sugiere diferencias en la interpretación de los hechos o en la aplicación de la ley.
Las implicaciones de esta investigación son significativas, ya que no solo afectan a la imagen de la Coalición Pacto Histórico, sino que también plantean interrogantes sobre la transparencia y la legalidad de los procesos electorales en Colombia.
